Washington Barrios Fernández desapareció en el auto oficial que lo trasladaba el 20 de febrero de 1975. Eleonora Cristina de Domínguez fue secuestrada el 16 de marzo de 1975 de una confitería de Ituzaingó. Carlos Fages desapareció el 18 de diciembre de 1975. Un grupo armado de veinte personas lo secuestró en su consultorio de La Plata. Ángel Salomón Gertel había desaparecido diez días antes.

En la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (Conadep) hay alrededor de mil denuncias registradas por desapariciones forzadas durante el gobierno justicialista Perón-Perón (1973-1976).

Según el informe de esa misma comisión conocido como "Nunca más", las denuncias, "pruebas concretas e irrefutables", fueron acercadas por la Secretaría de Asuntos Legales a la justicia. Desde entonces pasaron más de dos décadas. En ninguno de los procesos judiciales abiertos hubo un solo condenado.

Muchos de los casos, como los mencionados arriba, estaban sumergidos en causas judiciales contra jefes militares que se apropiaron del poder el 24 de marzo de 1976. Pero como los delitos se produjeron antes de esa fecha, nuevas presentaciones judiciales obligan a la justicia a diferenciarlos de los crímenes de la dictadura militar.

La implícita negación, la falta de acción o el olvido por parte del régimen político y del judicial de las desapariciones producidas durante el gobierno de Perón-Perón empiezan a ser cada vez más evidentes.

La reapertura del expediente de la Alianza AnticomunistaArgentina (Triple A), cuya persecución penal finalizó tras la muerte del ex ministro de Bienestar Social José López Rega en 1989, estimula, a su vez, al acceso a otros testimonios y nuevos debates históricos.

Esta instancia judicial se originó a fines del año 2005 por los casos de tres uruguayos -Daniel Banfi, Guillermo Jabif y Luis Latrónica- que se habían refugiado en la Argentina. El día 12 de septiembre de 1974 un grupo de doce personas -entre las que se encontraba un policía de aquel país- los secuestró en dos procedimientos casi simultáneos. Al cabo de unos días, aparecieron acribillados. Otras dos personas que sobrevivieron al secuestro responsabilizaron a la Triple A por la acción criminal.

En principio, esta denuncia, que fue asentada originalmente en los legajos de la Conadep, estaba incorporada en una causa contra el general (ya fallecido) Carlos Suárez Mason por privación ilegítima de libertad, pero la Fiscalía Federal número 10 la escindió -no eran crímenes que correspondieran a la dictadura militar- y la derivó a la Fiscalía número 3, que tenía competencia sobre las acciones de la Triple A, aunque la causa estuviese archivada.

En diciembre de 2005, el fiscal a cargo de la Fiscalía 3, Eduardo Taiano, solicitó que los delitos investigados fuesen declarados "crímenes de lesa humanidad", en acuerdo con el derecho público internacional. Un año después, y en virtud de la aparición pública del ex custodio de López Rega, el comisario (RE) Rodolfo Eduardo Almirón Sena fotografiado en las afueras de Valencia por el diario El Mundo, el juez federal Norberto Oyarbide, con los elementos ya existentes en el expediente, también definió los crímenes atribuidos a la Triple A como delitos de "lesa humanidad".

Y reclamó a España la captura de Almirón y de la ex presidenta María Estela ("Isabel") Martínez de Perón. También ordenó la detención de otros dos custodios del ex ministro de Bienestar Social, Juan Ramón Morales y Miguel Ángel Rovira, que residían en Buenos Aires y permanecen con arresto domiciliario desde principios de 2007.

Entendimiento tácito

¿Por qué la justicia comienza a revisar los crímenes, secuestros y desapariciones perpetrados durante el gobierno justicialista, casi treinta y cinco años después de cometidos los hechos?

En 1983, el gobierno constitucional emergente había adoptado una estrategia bipolar: enjuiciar a las juntas militares y a las cúpulas guerrilleras. Y en el medio de ellas, preservó a la clase política y también a la sociedad de cualquier responsabilidad: se presentaron como una víctima inocente de ambos extremos, que ahora escuchaban asombrados los relatos de horror de los centros clandestinos.

En esa decisión, un hecho histórico quedaba cercenado: la metodología clandestina de persecución contra los opositores había comenzado antes de la dictadura. Y se había gestado desde el interior del Estado que administraba el justicialismo. La Triple A fue el instrumento del terror público.

La democracia -como se la comenzaba a invocar en 1983- no tuvo intenciones de indagar, y mucho menos de impulsar, el proceso judicial contra los responsables de estos hechos. Existía un entendimiento tácito: si se horadaba en la verdad más profunda sobre crímenes y desapariciones se iba a terminar enjuiciando la gestión del Partido Justicialista, algunos de cuyos dirigentes, entre ellos la propia ex presidenta Isabel Perón, habían sido detenidos durante el Proceso de Reorganización Nacional.

En ese caso, lo más probable era que el justicialismo denunciara una nueva persecución. Quizás alguno de sus dirigentes hubiese buscado apoyo en el aparato militar que acababa de abandonar el poder, y el sistema político podría haberse visto en peligro otra vez.

En conocimiento de su fragilidad, la democracia no habría logrado resistir las previsibles reacciones de un juicio por crímenes y desapariciones que comprometía al que ahora era el principal partido de oposición. Entonces, la democracia estableció como prioridad la reconstrucción del sistema de partidos políticos y el estado de derecho, y optó por concentrar la inculpación penal sólo en los estratos decisorios de la dictadura militar. Esta fue la opción elegida en términos jurídicos.

Además, en 1984, el presidente Raúl Alfonsín intentó eludir la presión negociadora de la cúpula sindical, que mantenía el control del Partido Justicialista, y por tal razón transformó a Isabel Perón en una interlocutora válida para el diálogo. Bajo el auspicio de la "unión nacional", Alfonsín formalizó con ella un pacto político que le permitió a la ex presidenta librarse de una condena civil por la que debía restituir 9 millones de dólares al Estado argentino.

En ese contexto, y en vista de sus necesidades políticas, era difícil que Alfonsín querellara a la viuda de Perón para indagarla por su responsabilidad en los alrededor de mil casos de secuestros y desapariciones durante su gobierno, ni tampoco por los crímenes de la Triple A.

El aparato de justicia de la nueva democracia que se estaba fundando sacrificó el esclarecimiento de esos hechos en beneficio de una supuesta pax para el régimen político.

Por otra parte, los organismos de derechos humanos tampoco pusieron el foco en Isabel Perón. Para ellos también, la carga penal debía estar puesta en los juicios a los militares. El terror estatal que se estaba develando era tan atroz que todo lo anterior había quedado empalidecido u olvidado. El consenso entre la mayoría de los organismos fue integrarse al armado jurídico diseñado por Alfonsín, trabajar detrás del fiscal Julio Strassera en el juicio a los ex comandantes y evitar las presentaciones judiciales autónomas.

Esta estrategia del gobierno radical tenía por objetivo alcanzar una justicia simplificada, que resolviera los juicios en forma rápida y acotada, para no generar un clima de tensión en el ámbito castrense que amenazara la estabilidad democrática.

Por supuesto, los organismos reclamaban una persecución más amplia, pero también eran permeables a una negociación."Nosotros, con 400 militares presos, cerramos", llegaron a proponerle a Alfonsín en la Casa Rosada, según reveló un dirigente de derechos humanos al autor.

Finalmente, la cantidad de condenados fue mucho menor, y cuando se habilitaron nuevos juicios contra jerarquías militares intermedias, fueron obstaculizados por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Después, los indultos firmados por el presidente Carlos Menem liberaron a los condenados y cerraron los procesos judiciales que se mantenían abiertos.

Con la reapertura de la causa de la Triple A y la consecuente revisión del pasado por parte de la justicia, se advierte que el recorte histórico que inventó la democracia para clausurar con un "Nunca más" la década del setenta era limitado. Y cuando un proceso histórico se bloquea, los disparadores que produce a lo largo del tiempo son impensados. Quedan fuera de control. Y exceden la voluntad y la pretensión de quienes intentaron clausurarlo.

Este libro no se propone perturbar el recuerdo ni los sentimientos de nadie. Trata de revisar el momento de mayor contradicción interna del movimiento de masas más popular de la historia política argentina, a través de uno de sus protagonistas más peculiares y menos estudiados: José López Rega. La memoria más íntima y secreta del peronismo de los años 70.

¿Cómo hizo un sargento retirado de la policía, sumido en el lento ocaso barrial de su vida en Villa Urquiza, para transformarse en el personaje más poderoso y temido del tercer gobierno peronista? ¿Por qué Perón lo aceptó a su lado y lo promovió a funciones de Estado? ¿Era López Rega el único promotor y jefe de las acciones terroristas de la Triple A? ¿Algunos sindicatos ortodoxos se sumaron a esas acciones? ¿Perón tenía conocimiento de la Triple A? ¿Por qué nunca, como jefe de Estado, ordenó una investigación? Las mismas preguntas conciernen a su última esposa.

Por otra parte, y por encima del examen de la figura de López Rega, este libro intenta indagar por qué el peronismo, que fue víctima de proscripción, persecución y exilio por parte de la Revolución Libertadora y durante 17 años, una vez que accedió al poder por la voluntad popular en 1973, se convirtió en victimario de los propios seguidores de Perón y amparó la creación de la Triple A para amenazarlos, perseguirlos y matarlos.

Cuando este libro se publicó por primera vez, a principios de 2004, fue considerado una empresa casi arqueológica que atravesaba un tiempo histórico ya cerrado y que a la comunidad política no le interesaba volver a discutir. López Rega ya había muerto en prisión; por lo tanto, las cuestiones centrales del expediente estaban extinguidas. Entonces el proceso judicial contra Isabel Perón por la firma de los decretos de aniquilación del "accionar de los elementos subversivos" todavía no había tomado estado público.

Hoy López Rega, el peronismo de los años 70 y la Triple A forman parte de la discusión política y generan nuevas preguntas, que enriquecen el conocimiento de la historia reciente. Ojala este libro pueda hacer alguna contribución en ese sentido.

Fuente: La Nación.