Las políticas neoliberales de los años 90 llevaron al país a una grave crisis social, educativa y de valores. A esto se agrega el caos educativo originado por la ley federal de educación, que en lugar de unir al país lo disgregó, destruyó valores y profundizó desigualdades.

En América latina la educación viene sufriendo deterioro desde hace décadas. Algunas causas son tenebrosas, como el autoritarismo y el miedo que gestaron las dictaduras militares. También se llevó a la educación a la decadencia a instancias de los tecnócratas de los organismos internacionales de crédito. La Argentina sucumbió seducida por fondos y promesas de ingreso al Primer Mundo, si se seguían los modelos de los poderes extranacionales.

La obsecuencia se hizo carne en el gobierno de Carlos Menem, que aceptó las directivas del Banco Mundial, centradas en lo administrativo, la gestión y los ajustes, y no en la calidad del aprendizaje. En ese momento, la UCR advirtió que la ley daría por tierra con el prestigio que tuvo la educación argentina.

Su aceptación obedeció a cuestiones monetarias: si se acordaba con el Ministerio de Educación de la Nación, llegaban los fondos a las provincias. Pronto el desconcierto y la confusión se apoderaron de la sociedad. Ya no existían los conceptos de primaria y secundaria. Todo se transformó en siglas: EGB, CBC, CBO, TTP.

Se llegó a la incongruencia de que en 24 jurisdicciones hubiera más de 50 sistemas educativos. En muchas localidades no se instaló la EGB3. Los alumnos que querían seguir una carrera técnica se encontraron con dificultades porque la ley no había previsto esa modalidad. El Ministerio de Educación, ante el reclamo de empresas y alumnos, resolvió la situación agregando, al programa del polimodal los Trayectos Técnicos Profesionales, que no pudieron reemplazar la óptima formación que daban las escuelas técnicas.

Aún hoy, los alumnos que finalizan el polimodal tienen dificultades enormes para aprobar el ingreso a la universidad debido a su mala preparación. La UCR denunció esta situación. Incluso hay dos documentos del comité nacional en los que se pidió la derogación de esa norma nefasta.

El ministerio nacional impulsó entonces una ley de educación técnica que se enmarcó en los principios fundamentales de la ley federal. Posteriormente, se sancionó una ley de financiamiento educativo, cuyas previsiones están referidas a la ley que hoy agoniza.

El empecinamiento del Consejo Federal de Educación en defender la ley federal fue cediendo ante la falta del flujo del dinero proveniente del crédito internacional. Sin admitirlo explícitamente, se fue aceptando su fracaso. Aunque consideren como éxito que haya asegurado la educación básica en todo el país, se puede entrever que no fue por reivindicación democrática, sino por la necesidad de contar con recursos humanos para la producción y el consumo.

La pobreza se aposentó en la escuela, que tuvo que suplir al Estado ausente y desertor y se transformó en comedor, farmacia y guardería. Pero la educación y la cohesión social no se logran sólo con normativas, sino con la participación, el diálogo, el debate y la capacitación.

La ley que aprobemos debe ser un paso trascendental, superador de la enumeración retórica de promesas. No hay que incurrir en la repetición solapada de la pésima ley vigente. Estaríamos ante un absurdo al afirmar que necesitamos una nueva ley mientras reflotamos la obsoleta ley federal, disfrazada con eufemismos. Seamos leales a nuestros sueños, que son los del pueblo, que espera que sus representantes sean capaces de optar por la más alta estrella.

Nota: La autora es diputada nacional, vicepresidenta segunda de la Comisión de Educación.

Educativos