El golpe a Clarín se aceleró ante la próxima caducidad de las facultades delegadas. Por qué la apuesta puede salirles mal a los K.

A todo o nada. Ese es el juego del que más parecen disfrutar Néstor y Cristina Kirchner. Y, dentro de esa concepción, las horas que corren son a pura adrenalina. La decisión intempestiva de decretar la caducidad de Fibertel y la presentación del informe sobre Papel Prensa que hará la Presidenta el próximo martes responden a esa lógica.

Los objetivos son dos: la desarticulación del Grupo Clarín y ver a Héctor Magnetto tras las rejas. La figura del CEO de Clarín ha pasado a ser la obsesión del matrimonio presidencial. En los dos casos, los Kirchner exhiben un comportamiento que refleja un denominador común: lo que antes se toleró ahora se combate. Vayamos por partes.

La revisión objetiva del caso Fibertel muestra que el desarrollo de las actividades de esta empresa venía siendo tolerado por el Gobierno sin chistar. En efecto, las razones por las que se decretó la caducidad de la empresa eran, obviamente, del conocimiento de los máximos responsables de la Secretaría de Comunicaciones, desde el momento mismo en que Cablevisión se hizo cargo de su operación.

Cabe preguntarse, entonces, por qué ahora se dice que no a lo que antes se dijo que sí. Esto es producto de los vaivenes con que se manejan las cosas desde la Babel de Olivos. Hubo un elemento más que apuró la medida: el próximo 24 habrán de quedar sin efecto las facultades delegadas con las que, desde hace demasiados años, el Poder Ejecutivo viene ejerciendo atribuciones que le corresponden al Congreso.

Sin esas facultades delegadas, el Gobierno nunca podría haber tomado una resolución como ésta. Así y todo, hay un dato que el Ejecutivo ha ignorado que podría transformar en insanablemente nulo al decreto por el cual se liquidó Fibertel. Dicho dato es el siguiente: las facultades delegadas sólo pueden ser ejercidas por el titular del Poder Ejecutivo Nacional, es decir la Presidenta, o por el jefe de Gabinete de Ministros. En este caso, el que concretó la medida fue el ministro de Panificación, Julio De Vido, quien no tiene atribuciones para hacerlo.

En el marco de este accionar imprevisible y apresurado por parte del Gobierno ha aparecido un factor que, evidentemente, no fue tenido en cuenta: los usuarios del servicio, a los que, hay que decirlo, en su mayoría poco les importan los avatares de la guerra del Gobierno contra Clarín y a quienes les preocupa el riesgo de quedarse sin un servicio del que dependen en su vida cotidiana.

La realidad muestra, además, que, más allá de lo que se diga desde el oficialismo, la medida terminará beneficiando tanto a Telefónica como a Telecom, que a través de Speedy y Arnet, respectivamente, son las únicas empresas con capacidad técnica de brindar un servicio equivalente al que ha venido dando Fibertel.

Es decir que, bajo el loable propósito de combatir un oligopolio, se terminará favoreciendo la consolidación de otro. En efecto, a pesar de lo que el Gobierno asegura en el sentido de que existen más de 300 operadores de este servicio en todo el país, se trata de estructuras pequeñas que, finalmente, terminan abonándose a las grandes redes antes citadas. En su argumentación legalista, el Gobierno ha explicado que lo de Cablevisisón estaba flojo de papeles y que ha habido otros casos de revocación de licencias. ¿Por qué se toleró, entonces, durante tantos años esa flojedad de papeles sin advertirle al público usuario de los riesgos a los que se exponía al contratar los servicios de Fibertel?

La embestida contra Papel Prensa, que habrá de tener su punto culminante el próximo martes con la “holywoodense” presentación del informe “La Verdad”, que hará la Presidenta desde la Casa Rosada, gira en la misma órbita de la ofensiva del matrimonio Kirchner contra Clarín. El objetivo que el Gobierno ya ha hecho conocer es enmarcar la adquisición de la empresa proveedora de papel para diarios por parte de Clarín, La Nación y La Razón como un hecho pasible de ser considerado un delito de lesa humanidad. Como ya se dijo, el objetivo que subyace en esto es el de ver preso a Héctor Magnetto.

Obra aquí la más pura lógica kirchnerista: quien antes fue casi un aliado con el que Néstor Kirchner dialogaba de manera frecuente y amigable –no sólo el ex presidente en funciones tuvo con el CEO de Clarín esas doce reuniones que enumeró la Presidenta, sino también numerosas conversaciones telefónicas– hoy es un enemigo.

Y no cualquier enemigo, sino el principal. El matrimonio presidencial piensa que con Magnetto preso se acabarán los problemas del Gobierno. Es una demostración de no haber aprendido nada de la historia. Lo mismo pensó el general Uriburu cuando clausuró Crítica, en la década del 30, o el general Perón cuando confiscó La Prensa, hecho del que luego terminó arrepintiéndose. Al paso que van, tal vez los Kirchner terminen haciendo de Magnetto, que no es el arcángel San Gabriel, un mártir.

En la obsesión que domina al matrimonio presidencial hay que mencionar la silente andanada de presiones que se siguen registrando contra la Corte Suprema por el tema de la Ley de Medios. La decisión que el organismo debe tomar sobre el artículo 161 de dicha ley –es el que se refiere a los plazos de desinversión– ha alterado los nervios K.

Este es un artículo que interesa, particularmente, tanto a la Presidenta como al ex presidente en funciones. El objetivo perseguido es el de desarticular al Grupo Clarín y permitir el acceso a grupos empresariales afines para la construcción del multimedios privado sostenido, principalmente, por la publicidad oficial que, junto con el estatal, sirva de soporte a la campaña electoral de Néstor Kirchner en la crucial elección de 2011.

En la lógica de la ilógica que domina la conducta de Néstor y Cristina Kirchner, todo esto se produce en un momento auspicioso para ellos.

Las encuestas exhiben una recuperación de sus imágenes y la economía muestra signos vigorosos de crecimiento. Todos estos datos que generan una cierta expectativa en el oficialismo, en cuanto a sus posibilidades de recapturar el favor de ciertos sectores de la clase media que hoy le es adversa, se van al piso cuando aparecen situaciones como las de estos días.

En el mundo empresarial se vive todo esto con una cuota de cierto pavor. El bloqueo dispuesto por Hugo Moyano a las plantas de Techint tiene el aire de una represalia por la foto de hace unos días del número uno de esa empresa junto a Magnetto. Además, las voces del ministro De Vido y del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, han fatigado los teléfonos de varios hombres de negocios “invitándolos” a participar del acto del próximo martes. Muchos de los que han recibido esa “invitación” la han tomado como una verdadera intimidación. En estas horas deshojan la margarita para ver qué hacen.

Los domina el temor a las represalias en el caso de no ir. Es el signo del kirchnerismo que resumió con total crudeza alguien que supo estar cerca del matrimonio presidencial: “Nunca viene mal un buen apriete para ‘convencer’ a quien no entiende los mensajes del poder”.

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