Desde 1983 hasta la fecha nadie hizo tanto uso y abuso de los servicios de inteligencia como Néstor Kirchner. En una clara violación de la Ley de Seguridad Interior, hasta sus amigos más cercanos confiesan que deben cuidarse porque saben que el Gran Hermano Pingüino los espía día y noche. Confirman fuera de micrófono que Néstor consume compulsivamente carpetas reservadas con datos sobre la vida privada de muchos argentinos.

El mismísimo Alberto Fernández, quien fuera casi un integrante más del matrimonio presidencial, bebió de su propia medicina el día en que tuvo la osadía de encontrarse a solas con Julio Cobos. Los K consideran a ambos los máximos traidores a su "proyecto revolucionario" y por eso los monitorean constantemente. Donde Néstor y Cristina exhiben fisuras es en el seguimiento de la vida personal y patrimonial de Ricardo Jaime.

Fue la Presidenta quien eyectó del poder al ex secretario de Transporte y fogonea la investigación: lo acusa de ser compañero de la noche y cómplice de algunos deslices de la vida íntima de Néstor. De ello se encargaría en persona Fernando Pocino (director de Reunión de la ex SIDE), quien tuvo a su cargo las operaciones contra Juan José Álvarez, Enrique Olivera, Francisco de Narváez y Luis Juez, entre las más conocidas.

Todos estos casos fueron difundidos en primera instancia por medios y periodistas muy vinculados al Gobierno. Lo único cierto fue el paso de Álvarez por la SIDE durante la dictadura, pero el diputado modificó su postura opositora y hoy trabaja para acercarle ovejas descarriadas a Néstor K. Lo de Enrique Olivera y su lavado de dinero en el exterior fue una mentira grande como una casa facilitada a los medios por Alberto Fernández cuando era jefe de Gabinete. La campaña electoral ya jugaba minutos de descuento y el aliado de Elisa Carrió pudo probar su inocencia tiempo después.

El ex juez federal de Zárate-Campana Federico Faggionato Márquez, que involucró a De Narváez en la mafia de la efedrina, terminó destituido. Fue el mismo magistrado que mandó al freezer una causa por el descubrimiento por parte de la Policía Federal de una centralita ilegal desde donde la SIDE intervenía unos 20 mil teléfonos.

Lo de Luis Juez fue más burdo. El senador nacional recibió el martes pasado una carta membretada del Bank of America con la firma de George C. McLaughlin en nombre de la gerencia residual del banco que está en proceso de liquidación. Allí se asegura que "el equipo de inteligencia financiera y los investigadores asignados no encontraron en sus archivos una cuenta a nombre de Lantral Inc". El 3 de junio pasado, una misiva similar de Bart Barringer, representante legal del Delta Bank de Manteca, California, también negó la existencia de una cuenta a nombre de Juez o de su hermano Daniel.

La numeración a la que se hace referencia no coincide ni siquiera con el tipo de nomenclatura utilizado por el banco, que no tiene sucursales en las Islas Caimán. La información publicada acusaba a Juez de tener más de 5 millones de dólares en esos bancos. La única prueba fue un panfleto anónimo, un mail-cadena, que una señora de 80 años llamada Ramona Sánchez recibió a la salida de misa en la parroquia Nuestra Señora de Loreto, donde también concurre la jueza María Romilda Servini de Cubría, a cargo de la causa, según reveló este mismo diario.

Estas historias, entre cientos en las que políticos opositores, jueces o periodistas son espiados, constituyen el principal activo de Mauricio Macri para su defensa. Eduardo Duhalde, otro opositor que el Gobierno tiene en la mira, dijo que las acusaciones a Macri son "una obra maestra de la SIDE". La causa por las escuchas la puso en funcionamiento un agente de inteligencia que advirtió a Sergio Burstein (familiar de una víctima de la AMIA) de lo que estaba pasando a menos de 24 horas del comienzo de esa pinchadura.

Por eso gran parte de la opinión pública da crédito a las excusas de Macri en el sentido de que su procesamiento tiene la autoría intelectual del ex presidente. La defensa a rajatabla que el kirchnerismo hace del juez Norberto Oyarbide también es un punto a favor de la victimización que hace crecer a Macri en las encuestas. Horacio Rodríguez Larreta no tuvo empacho en afirmar que "el Gobierno le pidió a Oyarbide que procese a Macri".

Por el contrario, al jefe de Gobierno porteño lo condena cierta tradición arraigada en su propia familia de usar agencias privadas o estatales de espionaje. Desde el secuestro al que fue sometido Mauricio, utilizan escuchas telefónicas con una naturalidad que explican por motivos de seguridad pero que se filtran también a temas de la vida privada. No es casual que la principal espada legislativa de PRO, Federico Pinedo, haya dicho: "Mauricio es Macri y Franco es Kirchner". Antes recordó que el propio Franco había confesado que él mismo ordenó espiar a su yerno.

Tal sería el principal pecado político (y delito, según Oyarbide y la Cámara Federal) del jefe de Gobierno. Defendió a capa y espada, incluso contra la opinión de grandes amigos, la designación del comisario Jorge "Fino" Palacios, un experto en investigaciones con gran acceso a todo tipo de información producto de sus múltiples contactos cosechados a lo largo de una vida adentro de la Policía Federal.

En su empresa, que entre otros servicios proveía de data calificada a quien la pagara, trabajó con el comisario Osvaldo Chamorro y, dicen, con el 007 del subdesarrollo Ciro James. Palacios y James están detenidos y procesados. El otro tema que compromete a Macri es que los jueces que dispusieron las escuchas son de Misiones, provincia a donde Mauricio cambió su domicilio para apoyar al ex gobernador Ramón Puerta.

Cuando la invasión de la intimidad se convierte en el corazón de la política del Gobierno, empieza a consolidarse un Estado policial incompatible con las instituciones democráticas. No hay otro camino que ejercer controles y poner los límites republicanos. El submundo de las operaciones sucias es el peor destino que puede tener un país. La buena noticia es que los mecanismos de fiscalización se han activado. La diputada Carrió y varios legisladores están a la cabeza de esos reclamos.

La Comisión Bicameral respectiva deberá disponer todo lo necesario para conocer la lista de teléfonos intervenidos, de agentes secretos y del manejo de los 514 millones de pesos de presupuesto que tienen para este año. Tanto Héctor Icazuriaga como Francisco Larcher, como autoridades de la ex SIDE, tendrán que rendir cuentas.

Fuente: Perfil.

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