En esta historia hay muerte. Muertes, en verdad, que no tienen conexión aparente, cuyas diagonales se cruzan en los sitios menos pensados. Esta historia empezó con una muerte y ahora –lejos está aún de su final– tiene tres, aunque tuvo y tendrá varias más en su desarrollo.

El primer asesinato fue el 23 de diciembre de 2004, el de Verónica Díaz, después de recibir una inyección de Yectafer Sorbitex en el Hospital Artémides Zatti, de Viedma. Verónica tenía falta de hierro (anemia ferropénica) y el Yectafer estaba adulterado. Dosis del mismo medicamento mataron a otras tres mujeres y afectaron a treinta y dos.

Las tres muertes que cruzan en diagonal a la primera sucedieron a mediados de agosto pasado, en lo que se conoció como “el triple crimen de los empresarios”: Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina. El elemento en común es la mafia de los medicamentos, robados o adulterados entonces, proveedores de efedrina ahora, meras exigencias del mercado. En los nudos de este ovillo hay los mismos policías, los mismos traficantes, los mismos intereses y la misma impunidad.

CHIPI CHIPI BOMBÓN.

La muerte de Verónica Díaz en 2004 está sepultada bajo 63 cuerpos de un expediente que tramita en el juzgado federal de Norberto Oyarbide. En toda la causa aparece con claridad la “pata policial” cobrando peaje o garantizando protección. Sandra Vitale, parte de la banda dedicada a rellenar las ampollas de Yectafer, le dice a su abogado, según se oye en las escuchas telefónicas:

– La investigación, es eso lo que me preocupa.

– Quedate tranquila, yo lo hablo con la gente de Madariaga y General Paz.

En Madariaga 6976 funciona la División de Delitos contra la Salud de la Policía Federal: los hombres justos en el lugar justo, cuando se trata de remedios adulterados. La división es la encargada de los procedimientos que las Justicia ordena en las causas vinculadas con medicamentos y trabaja en coordinación con la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica).

Convencido de la complicidad policial, Oyarbide apartó a la División de Delitos contra la Salud de la investigación y surgió entonces una causa que investiga esa complicidad y tramita en el Juzgado Federal Nº 10 a cargo de Julián Ercolini. La causa está hoy en el limbo tribunalicio hasta que la Cámara decida una cuestión de competencia.

El nombre que todos mencionan a media voz suena cálido y familiar: “Chipi”. Chipi es el suboficial Chipi Mondragón, a cargo de gran parte de los operativos relacionados con droguerías y señalado como quien “recauda” a cambio de protección. La historia de Chipi fue confirmada a este diario por una fuente de la justicia federal con causas vinculadas a la mafia de los medicamentos, otra de la justicia ordinaria, cuatro miembros de la Policía Federal y representantes de laboratorios que comercializan drogas contra el sida, la hemofilia y el cáncer, tres productos top en el ranking del robo de remedios.

En privado, Solange Bellona, la viuda de Forza, reconoció que Chipi les brindaba sus servicios. Chipi le debe su apodo a Chipy, un pequeño dragón creado por García Ferré en los 70, con quien tiene un aire parecido: Mondragón es rubio y bajito.

– Hace más ruido que una maraca –le dijo a Crítica de la Argentina un jefe policial que conoce al personaje en cuestión–. Actúa con mucho margen, con libertad, pero no se maneja solo. Reporta más arriba.

– Chipi investiga, avisa y cobra –aseguró una fuente de los laboratorios–. Le cobra a las droguerías para avisar antes de los allanamientos.

El vínculo entre Forza y Chipi tiene pruebas que van más allá de las declaraciones. Este diario tuvo acceso exclusivo a los datos de la computadora de Sebastián Forza que constan en el expediente que investiga la Justicia. Allí, en un archivo de Excel, figura que Forza emitió doce cheques para Chipi.

Sólo en 2007 Forza firmó y entregó más de 1.500 cheques, muchos de ellos destinados a droguerías (entre ellas a Unifarma y Droguería Urbana, sociedades vinculadas con la mafia de los medicamentos e investigadas por la Justicia). Chipi Mondragón (que en algunos pagos aparece vinculado a otra persona, alias “Manteca”) recibió de Sebastián Forza, según aparece en su computadora (ver recuadro en edición impresa).

GRUPO DE FAMILIA.

Durante los meses previos al asesinato de Forza, un laboratorio norteamericano contrató a un estudio jurídico para que investigara varios casos de robo de sus medicamentos. Los abogados trabajaron con todo tipo de informantes: desde agentes activos de la DEA hasta ex espías del FBI con base en Buenos Aires. En el devenir de la investigación, se encontraron una tarde con Sebastián Forza.

– Yo les cuento cómo los robamos pero a cambio ustedes gestionan que mi empresa sea proveedora exclusiva.

Forza contó todos los detalles aunque finalmente lo hizo a cambio de una cifra importante. Los abogados recuerdan hoy al personaje como a una persona muy alterada: los llamaba todo el tiempo, hablaba de más por teléfono, les dijo varias veces que estaba amenazado.

En los últimos diez años, la Justicia investigó más de 550 casos de robo, adulteración o falsificación de medicamentos. Desde 1997 existe una comisión especial que se dedica a ese tipo de delitos; está a cargo de los fiscales Adrián Giménez y Marcelo Munilla Lacasa, y trabaja en conjunto con el INAME (Instituto Nacional de Medicamentos).

La ya mencionada causa Yectafer muestra con claridad los manejos de la mafia del sector: cada eslabón de la cadena funcionaba por separado, unos se ocupaban de la fabricación y el envasado del medicamento (Ángel Cirullo y Carlos Maidana, en el expediente de Oyarbide), otros lo comercializaban a una primera empresa (Norberto Nagle y Estefanía Ferraro) y otros los vendían a distintas droguerías y farmacias.

Los medicamentos pueden ser falsificados por completo, parcialmente (se usa el envase pero se lo rellena con otra cosa), se adultera la fecha de vencimiento o se crean productos nuevos, no registrados. Lo más común es el rellenado del envase original. En remedios oncológicos,de sida o hemofílicos hay productos cuyo valor oscila entre los 3 y 15 mil pesos; es un negocio de menor volumen pero de ingresos altísimos. En el mundo, según el Center for Medicine in the Public Interest, de Estados Unidos, el mercado de medicamentos falsificados asciende a 75 mil millones de dólares al año..

Una de las empresas clave, investigada por adulteración, es la Droguería San Javier, de Carlos Torres y Néstor Lorenzo. Lorenzo es, según varias fuentes del mercado, uno de los empresarios más “temidos” del rubro. Como Chipi, nadie cree que actúe por sí sólo; se lo vincula a Néstor Vázquez, quien fuera gerente de prestaciones de la Superintendencia de Servicios de Salud (donde está ahora Héctor Capaccioli) durante la gestión de José Luis Lingieri en el menemismo.

Vázquez es ahora gerenciador de La Bancaria. El contador Lorenzo, de 53 años, figura además en el directorio de Multipharma S.A. y Elaboradora de Productos Biológicos S.A., también integra las empresas Digital Eco S.A.(de tecnología) y Citywatch S.A. (dedicada a fabricar y comercializar sistemas de control fílmico y fotográfico de tránsito). Lorenzo, quien se la pasa de trabajo en trabajo, también gerencia el COE (Centro Oncológico de Excelencia) de Gonnet, una fundación con pasado prestigioso que lleva diez años sumida en la crisis financiera.

El COE no tiene actividad y ni siquiera está nombrado el director que debe aportar el Estado provincial, pero Lorenzo sigue pagando el sueldo a los 130 empleados que allí quedaron. ¿Conciencia social o uso del nombre de la fundación con otros fines?

El movedizo Lorenzo, claro, no podía no tener vínculos con Forza. Lo conoció en 2001, cuando trabajaba en la Droguería Austral, y en 2005 comenzó a venderle a Baired Med (de Forza) productos oncológicos y de HIV. Ya Forza como Lorenzo aparecen mencionados en varias causas por robo de medicamentos del Plan Nacional contra el Sida.

En octubre del año pasado, Forza y Lorenzo volvieron a encontrarse y el empresario asesinado le vendió mercadería por cinco millones de pesos. Lorenzo le pagó con cheques de terceros, entre ellos de la Obra Social de Bancarios. La relación comercial entre ambos se registró hasta marzo de 2008. Cuando tuvo que declarar en la causa por el triple crimen, Lorenzo dijo que se distanció de Forza “porque no tenía buena reputación en el mercado de los medicamentos”.

A través de su droguería Multipharma y también a nombre de su socio Carlos Torres, Lorenzo aportó 710 mil pesos a la campaña de Cristina Kirchner.. Baires Med (de Forza, como dijimos), Unifarma (del suicidado Ariel Vilán, señalado como testaferro del grupo), Droguería Urbana, Nucleo Farma, Droguería del Plata y Droguería Plaza, todas empresas investigadas por la Justicia como parte de la mafia de los medicamentos, también fueron aportantes a las campañas K desde 2003.

PLATA FÁCIL, GOBIERNO COMPLICADO. “Forza era una persona muy suelta para hablar –declaró ante la Justicia el 15 de octubre el cirujano Gustavo Ricchiuto–. Por ejemplo, decía haber aportado dinero para la campaña de Cristina Kirchner y nadie le creyó, pero después resultó que era así. También señaló en su momento que se había hecho escándalo con la valija de Antonini Wilson por 800 mil dólares, pero ese día habían ingresado otras valijas por cuatro millones doscientos mil dólares más.”

El “aporte electoral” de Forza, como el de otro empresario del sector, Marcos Daniel Hendler, o el de Julio Posse, el monotributista y agente de la DEA, eran, en realidad, parte de una operación que involucra a las más altas esferas del gobierno nacional. La administración K lavó dinero para ingresarlo legalmente a la campaña de Cristina: entregaron a socios, aliados o amigos dinero en efectivo a cambio de cheques blancos que pudieran ser declarados ante los propios controles del Estado.

Por eso las cifras no cierran: empresas quebradas que “donan” 300 mil pesos, jubilados que regalan dinero, monotrobutistas que, presos del fervor cristinista, dan lo que no tienen. La respuesta es simple: nunca lo dieron.

Ésta era la mecánica: Héctor Capaccioli o algún contador del Frente para la Victoria recibían al “donante” en las oficinas de Roque Sáenz Peña 530, combinaban una cifra y entregaban euros o dólares a cambio de cheques declarados. El compromiso siempre era el mismo: que el dinero esté depositado en la cuenta correspondiente para la fecha de vencimiento del cheque, que era cuando el FPV emitía la orden de cobro.

La cifra que el donante recibía en efectivo y debía depositar tenía, claro, un descuento: el donante se quedaba con el 10% y donaba el resto. En el caso de Néstor Lorenzo, su aporte fue hecho a través de su socio en San Javier, Carlos Torres (170 mil) y Julio Posse (otros 170 mil). También hay 310 mil pesos aportados por Multipharma, una empresa que dirige con Torres.

De los más de diez millones de pesos que el FPV declaró en concepto de aportes de empresas, 3.650.000 fueron “donados” por firmas del sector de los medicamentos y droguerías.

Investigación: Jorge Lanata, Luciana Geuna, Jesica Bossi y María Helena Ripetta.